El miedo y la zozobra siguen condicionando la vida de miles de personas en Colombia
Las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y la violencia continúan afectando de forma significativa a miles de personas, con mayor intensidad en algunos territorios.
Los distintos indicadores evidencian la difícil realidad que afrontan las comunidades de varias regiones del país, así como los múltiples desafíos que continúan existiendo en el plano humanitario. Todo ello como resultado de los siete conflictos armados no internacionales que hay actualmente en Colombia, de acuerdo con la clasificación jurídica que realiza el CICR con base en los criterios del derecho internacional humanitario (DIH).
En el primer semestre de 2023, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 162 víctimas de diferentes tipos de artefactos explosivos, entre los que se encuentran minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonación controlada.
Entre las víctimas registradas, 27 fallecieron, mientras que las demás sobrevivieron con profundas secuelas físicas y psicológicas que permanecerán a lo largo de sus vidas. En estos hechos, destaca que la población civil sigue siendo la principal afectada: el 53% de las víctimas reportadas corresponde a civiles.
Otro elemento relevante es el cambio de tendencia en el fenómeno. Entre enero y junio de este año, el número de víctimas se redujo en un 42% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto se debe, principalmente, a la disminución de la afectación por artefactos explosivos de detonación controlada, pues en el primer semestre de 2022 este tipo de artefactos generó 212 víctimas, mientras que en lo trascurrido del 2023 ha ocasionado 20.
El número de víctimas directas es un indicador tangible de los efectos que tiene la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos. No obstante, también es importante considerar los efectos indirectos que se derivan de esta situación.
En los primeros seis meses del año, comunidades enteras perdieron sus medios de subsistencia y el acceso a servicios médicos y educativos, al mismo tiempo que experimentaron temor, ansiedad e impotencia por no poder transitar libremente por su territorio debido a la amenaza constante de estos artefactos.</h2>
El desplazamiento es una de las consecuencias humanitarias que continúa presente en el país. De acuerdo con cifras oficiales, en el primer semestre de este año 26.915 personas se desplazaron de forma masiva y otras 34.212 lo hicieron de manera individual. Estas cifras, comparadas con las que se reportaron en 2022 revelan que, a nivel nacional, disminuyó la población afectada por los desplazamientos.
La disminución de las víctimas directas es un elemento positivo de este primer semestre, sin embargo, si se analizan las cifras desde una perspectiva territorial, estas muestran que la problemática puede variar considerablemente de una región a otra, tal y como sucede con las dinámicas de los conflictos armados.
Nariño, por ejemplo, sigue siendo el departamento más afectado por el desplazamiento. Allí se evidenció un aumento del 33% en el número de personas que se desplazaron de manera individual y un incremento del 27% de la población afectada por el desplazamiento masivo; esto con relación al mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, en otros departamentos como Antioquia, Cauca, Bolívar, Sucre y Caquetá se reportó un aumento significativo de víctimas por desplazamiento individual.
En otros departamentos la situación ha sido distinta durante este semestre. Tal es el caso de Arauca, que el año pasado lideraba los reportes de personas afectadas por desplazamiento individual y en 2023 ha presentado una reducción significativa. Esta disminución no necesariamente se traduce en un mejoramiento general de la situación, pues está influenciada por múltiples factores propios de las dinámicas cambiantes del contexto territorial, así como por el temor que experimentan las personas afectadas para reportar estos hechos.
En contraste, durante este semestre, 22.755 personas estuvieron confinadas, lo que representa un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del año pasado. La persistencia de las confrontaciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en distintos territorios han limitado la movilidad de varias comunidades, lo que restringe su acceso a alimento, salud y otros servicios básicos, afectando seriamente su calidad de vida.
Chocó es el departamento más afectado, con más del 50 % de los casos, seguido de Valle del Cauca. Es importante destacar el incremento de eventos en Bolívar, que este año ocupa el tercer lugar a nivel nacional.
La persistencia de la desaparición también hace parte del complejo panorama humanitario. Entre enero y junio de 2023, el CICR documentó 54 nuevos casos relacionados con los conflictos armados y la violencia. Los hechos se reportaron en 13 departamentos del país, de los que el 67% se registró en Arauca, Cauca, Chocó y Nariño.
Estas cifras corresponden solo a los hechos que el CICR conoció de manera directa, por lo tanto, no reflejan la dimensión exacta del fenómeno. Además, es importante precisar que estos datos pueden variar en cada publicación dado que algunas desapariciones no se reportan en el mismo año de ocurrencia.
En la primera mitad del 2023 también continuaron los ataques contra la asistencia de salud. La Mesa Nacional de Misión Médica reportó 124 agresiones contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios. Los hechos se presentaron en diez departamentos del país. Más del 70% de los casos correspondió a amenazas, lesiones personales, obstaculización de la atención de heridos y enfermos, bloqueo de ambulancias y ataques contra unidades y transporte sanitario, entre otros.
En el contexto de los conflictos armados se presentaron las situaciones más complejas que afectaron de manera directa la prestación de los servicios de salud, pero algunas de ellas no se reportaron debido al temor de las personas afectadas.
